Corredor sexual en Calzada de Tlalpan

Propuesta presentada por Guadalupe Carrasco en el foro celebrado en la alcaldía Benito Juárez el pasado 24 de enero de 2026.

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA

"Sin demanda no hay trata": Sobreviviente y activista exige reformar el Plan General de Desarrollo 2025-2045 en Tlalpan

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de enero de 2026 – En el marco del Foro de Consulta Pública para el Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045, celebrado este sábado en Plaza Victoria, Guadalupe Carrasco Álvarez, sobreviviente y presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata, presentó un posicionamiento contundente: cualquier plan de desarrollo urbano que ignore la trata de personas y la explotación sexual en corredores como Tlalpan está "nacido muerto".

Carrasco Álvarez denunció la "ceguera institucional" que ha permitido la normalización de la violencia en el corredor de Tlalpan durante décadas. Bajo la premisa de que el urbanismo debe proteger la dignidad humana, la propuesta busca que el PGD no solo mejore la infraestructura física, sino que ataque las raíces sociales y económicas de la explotación.

Ejes de la Propuesta: Sanción a la Demanda

La iniciativa presentada, titulada "Sanción a la Demanda y Erradicación de la Explotación Humana", propone integrar las siguientes acciones en el eje de Seguridad y Justicia Territorial del Plan:

Castigo Penal al Consumidor: Reforma al Código Penal para imponer penas de 2 a 5 años de prisión y multas de hasta 2,000 UMAs a quienes paguen por sexo, identificándolos como los financieros del ciclo de violencia.

Tolerancia Cero a Establecimientos: Clausura definitiva y extinción de dominio para hoteles de paso y establecimientos que permitan la explotación. Los inmuebles decomisados se transformarían en centros de recuperación para sobrevivientes.

Urbanismo Táctico y Vigilancia: Instalación obligatoria de iluminación blanca de alta potencia y cámaras inteligentes diseñadas para identificar no solo vehículos, sino a explotadores y clientes en puntos críticos.

Registro de Infractores: Creación de un padrón administrativo de personas sancionadas por consumo de prostitución vinculada a redes de trata.

El Desarrollo Urbano como Herramienta de Justicia

La justificación técnica de la propuesta sostiene que el ordenamiento del suelo es clave para la seguridad ciudadana. "Un territorio donde se permite el consumo de explotación no es un territorio desarrollado, es un territorio fallido", sentenció Carrasco. La activista recordó que el 85% de las víctimas de trata en México son captadas en entornos urbanos donde la infraestructura actual facilita el anonimato.

Al cierre de su intervención, Carrasco Álvarez exigió que la propuesta sea integrada formalmente en el acta oficial de la sesión, instando a los funcionarios a dejar de administrar el caos y comenzar a proteger la vida de niñas y mujeres.

"Mi vida no fue un 'daño colateral' del crecimiento de esta ciudad; fue el costo de su omisión. Les exijo que este Plan 2025-2045 rompa la cadena de violencia." — Guadalupe Carrasco Álvarez.

Contacto de Prensa:

Comisión Unidos Contra la Trata

https://comisionunidos.org/

El petróleo venezolano ¿Una entrega pactada?

Desde la perspectiva del realismo estructural y la geopolítica energética, la entrega de Nicolás Maduro se interpreta no como un colapso repentino, sino como una transición negociada para reintegrar a Venezuela al mercado energético occidental.

El Pacto de Intereses

Este escenario sugiere un acuerdo de "salida segura" donde el pragmatismo superó la ideología. Los puntos clave de este análisis serían:

Seguridad Energética: EE. UU. asegura el control de las mayores reservas de crudo del mundo, reduciendo la dependencia de Oriente Medio.

Garantías de Impunidad: La entrega pactada incluiría el levantamiento de sanciones personales y protección jurídica para la cúpula saliente.

Estabilidad Regional: Una maniobra coordinada para frenar el flujo migratorio y la influencia de potencias extrarregionales como Rusia y China en el hemisferio.

Bajo esta óptica, el petróleo actuó como la moneda de cambio definitiva para resolver un conflicto de larga data mediante la diplomacia secreta.

Este movimiento representaría el fin de la "Diplomacia Petrolera" del Socialismo del Siglo XXI, sustituyéndola por una integración energética vertical con el mercado norteamericano.

Democracia de aparador: El IECM y la insultante “olimpiada” de la participación ciudadana

Democracia de aparador: El IECM y la insultante “olimpiada” de la participación ciudadana

Por: Redacción Editorial. 

En un desplante de desconexión absoluta con la realidad territorial, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha decidido que la lucha por el territorio, la organización vecinal y la defensa de los derechos colectivos ahora se premian con "medallitas". A través de un esquema de "distintivos" de oro, plata y bronce para evaluar a las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), la institución ha cruzado la línea entre la burocracia ineficiente y la mercantilización de la voluntad ciudadana.

La Red de COPACOS de la Ciudad de México ha levantado la voz —y con justa razón— contra lo que consideran una "simulación institucional". No es para menos. El IECM pretende reducir la complejidad de la vida comunitaria a un “medallero” gerencial que ignora que participar en esta ciudad no es un deporte de competencia, sino un ejercicio de resistencia.

La trampa del "indicador"

El modelo del IECM no es solo un error administrativo; es una ofensa política. Al intentar medir el desempeño de los vecinos bajo métricas de "eficiencia" y "acumulación de actividades", el Instituto está premiando la capacidad de llenar formatos y no la capacidad de organizar comunidades.

Este enfoque tecnocrático olvida, convenientemente, que en la Ciudad de México:

No hay piso parejo: El IECM evalúa con la misma vara a una colonia con recursos que a un barrio donde organizar una asamblea implica enfrentar amenazas, violencia política o el acoso de grupos de choque.

Se ignora el conflicto real: El "medallero" no cuenta las horas de lucha contra el Cártel Inmobiliario, la resistencia frente a la gentrificación o la defensa del agua. Para el IECM, vale más un informe impreso a tiempo que una comunidad que logra detener un megaproyecto depredador.

¿Institución electoral o agencia de marketing?

Al adoptar esta lógica de mercado, el IECM traiciona su mandato constitucional. La participación ciudadana no es una actividad productiva ni acumulable; es un derecho colectivo. Transformar el trabajo comunitario en un sistema de incentivos simbólicos es una estrategia perversa para domesticar la crítica.

Lo que el Instituto fomenta no es una ciudadanía activa, sino una red de "gestores de trámites" subordinados a las alcaldías y al propio IECM. Incentivan asambleas "hechizas" y reuniones vacías con tal de obtener el sello de aprobación institucional, mientras la verdadera democracia —la que ocurre en las calles y sin permiso— es ignorada por no encajar en su plataforma digital.

Un llamado al Congreso: Basta de simulación

La denuncia de la Red de COPACOS es clara: la legitimidad no emana de un distintivo institucional, sino de la confianza vecinal. Es urgente que el Congreso de la Ciudad de México tome cartas en el asunto y revise una Ley de Participación Ciudadana que, en manos del IECM, se está convirtiendo en un manual de obediencia burocrática.

Desde este espacio editorial, nos sumamos a la exigencia de la Red:

Eliminar de inmediato los esquemas de evaluación competitivos que fragmentan el tejido social.

Reconocer la diversidad territorial y los riesgos que corren quienes defienden el territorio.

Respetar la autonomía comunitaria frente a la tentación de convertir a los vecinos en empleados gratuitos del Estado.

El IECM debe entender que la democracia no es un espectáculo de premiación. La participación ciudadana en la CDMX es digna, es crítica y es transformadora. No necesitan medallas; necesitan que las instituciones dejen de estorbar.

Fracaso Rotundo: El Balance de la Gestión de Alejandro Gertz Manero al Frente de la FGR

 📰 Fracaso Rotundo: El Balance de la Gestión de Alejandro Gertz Manero al Frente de la FGR.

Editorial 

La Morgue Noticias 📻 

La gestión de Alejandro Gertz Manero como primer Fiscal General de la República (FGR) de México se cierra con un balance rotundamente negativo, marcada por la falta de resultados concretos, el estancamiento de casos de alto perfil y señalamientos de uso faccioso de la institución para asuntos personales. Lejos de consolidar la autonomía y eficacia prometidas con la transición de la antigua PGR, la FGR bajo Gertz Manero ha sido percibida como una Fiscalía mediocre, caracterizada por la renuencia a la rendición de cuentas y una notable incapacidad para abatir la impunidad que lacera al país.

Uno de los principales indicadores de este fracaso es la parálisis en la procuración de justicia, evidenciada en la caída de las sentencias en delitos clave, el alto número de órdenes de aprehensión sin ejecutar, y el constante revés judicial en casos mediáticos donde la institución ha sido percibida como vengativa. La FGR de Gertz ha sido criticada por politizar la justicia, enfocando recursos en investigaciones con tintes personales o políticos, mientras que grandes casos de corrupción y violaciones a derechos humanos, como el caso Ayotzinapa, han sufrido retrocesos o falta de avances sustanciales.

La autonomía de la FGR, vital para el Estado de Derecho, no se tradujo en una institución independiente, sino en una especie de "poder absoluto" ajeno al escrutinio, donde el Fiscal General se ha mantenido prácticamente inamovible pese a las controversias que rodearon su vida académica, patrimonio y el manejo de conflictos de interés. Al finalizar su mandato, la impunidad persiste y la Fiscalía queda sin cumplir sus funciones esenciales, dejando a la siguiente administración el enorme desafío de rescatar una institución desacreditada y devolverle la confianza ciudadana en la procuración de justicia.

USO PERSONAL DE LA FISCALÍA

Los principales casos que han sido señalados por la opinión pública y diversos actores políticos como ejemplos de uso faccioso de la Fiscalía General de la República (FGR) por Alejandro Gertz Manero y en su beneficio personal son los siguientes:

1. El Caso Cuevas-Morán (Conflicto Familiar)

Este es el caso más prominentemente citado como un uso personal de la FGR.

Detalle: El Fiscal Gertz Manero persiguió penalmente a Alejandra Cuevas Morán y a su madre, Laura Morán, quien fue la pareja sentimental de su hermano, Federico Gertz Manero, durante 50 años.

Acusación: Gertz Manero las acusó de "homicidio por omisión" tras la muerte de su hermano en 2015, pese a que la acusación inicial no había procedido en las instancias de la Ciudad de México.

Uso Faccioso: La acusación se reactivó cuando Gertz Manero asumió el cargo de Fiscal General. Alejandra Cuevas fue detenida y permaneció en prisión más de un año. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) finalmente intervino y, por unanimidad, ordenó la liberación de Alejandra Cuevas, desestimando la acusación y la figura de "garante accesoria" que había inventado la FGR. Los familiares de Cuevas incluso señalaron amenazas y extorsión por parte de funcionarios de la FGR para que se autoincriminaran.

2. Conflicto con la Familia Jenkins y la UDLAP (Antigua Disputa Legal)

Este caso ha sido visto como una reactivación de una antigua disputa personal.

Detalle: Gertz Manero tuvo un conflicto legal de larga data con la familia Jenkins de Landa, dueños de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que se remontaba a una disputa por la propiedad de la marca de la "Universidad de las Américas" en la Ciudad de México.

Uso Faccioso: Una vez como Fiscal, la FGR abrió una investigación en contra de miembros de la familia Jenkins de Landa por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), reabriendo un caso que supuestamente ya había sido declarado como cosa juzgada. Las instalaciones de la UDLAP fueron ocupadas por la policía estatal de Puebla.

3. Denuncia de Julio Scherer Ibarra (Venganza Política)

Este conflicto expuso fracturas internas en el gobierno.

Detalle: Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, denunció a Gertz Manero y otros funcionarios de la FGR por delitos como tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa.

Uso Faccioso: Scherer Ibarra calificó al Fiscal como "parcial, eminentemente vengativo y envenenado" y lo acusó de usar la FGR para litigar sus asuntos personales. Scherer declaró haber sido testigo y víctima del uso faccioso de la Fiscalía luego de negarse a participar en un supuesto tráfico de influencias. Gertz, a su vez, intentó relacionar a Scherer con hechos fabricados.

Estos casos son los más representativos donde se ha señalado que el titular de la FGR utilizó el aparato de justicia para resolver rencillas o intereses personales en lugar de enfocarse en las prioridades de justicia del país.

El cartel inmobiliario

 El Cártel Inmobiliario en Benito Juárez se refiere a una presunta organización delictiva dedicada a realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Según investigaciones, este grupo operaba mediante un sistema de intercambio de favores y colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios.

*Miembros y Funcionarios Involucrados*

- *Jorge Romero*: Dirigente nacional del PAN, señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum como "el jefe del 'cártel inmobiliario'".

- *Christian von Roehrich*: Exdelegado de Benito Juárez, detenido por su presunta participación en el caso del "cártel inmobiliario".

- *Santiago Taboada*: Exalcalde de Benito Juárez, vinculado con el "cártel inmobiliario" aunque no enfrenta cargos penales directos.

- *Nicias Aridjis Vázquez*: Exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de Benito Juárez, detenido por su probable responsabilidad en enriquecimiento ilícito.

- *Luis Vizcaíno*: Exdirector General Jurídico de la alcaldía Benito Juárez, detenido por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

*Operaciones y Consecuencias*

- El Cártel Inmobiliario habría operado desde al menos 2011, otorgando permisos y autorizaciones irregulares a constructoras y desarrolladores inmobiliarios a cambio de beneficios económicos.

- Se estima que el grupo obtuvo más de 7,000 millones de pesos mediante estas prácticas corruptas.

- Las construcciones irregulares han generado problemas en los servicios y representan riesgos para la seguridad de los habitantes 

*Investigaciones y Acciones*

- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha detenido a más de 13 personas en relación con este caso.

- La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la creación de una comisión especial para investigar al "cártel inmobiliario".

- El gobierno de la Ciudad de México busca reformar el Código Penal para tipificar los actos de corrupción inmobiliaria como delitos y dar sentencias de hasta 20 años de prisión a funcionarios públicos responsables.

https://elpais.com/mexico/2024-04-18/todo-sobre-el-cartel-inmobiliario-el-caso-de-corrupcion-urbanistica-en-ciudad-de-mexico.html

https://piedepagina.mx/las-artimananas-del-cartel-inmobiliario-en-la-benito-juarez/

https://www.infobae.com/mexico/2025/07/23/suman-55-investigaciones-por-el-llamado-cartel-inmobiliario-en-la-benito-juarez/

https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2024/04/21/que-es-el-cartel-inmobiliario

Defensor del agua encabezará la Comisión de Medio Ambiente de Movimiento Ciudadano CDMX

Defensor del agua encabezará la Comisión de Medio Ambiente de Movimiento Ciudadano CDMX

Movimiento Ciudadano Ciudad de México instaló su Comisión de Medio Ambiente. En el evento 
estuvieron presentes figuras representativas del partido, tanto a nivel nacional como local, así como expertos en materia ambiental: biólogos, médicos, abogados y activistas.

En el presidium se encontraban Alejandro Piña, coordinador estatal del partido; la senadora de la República, Alejandra Barrales; y las diputadas federales, Laura Iraís Ballesteros y Amancay González Franco. También participaron los diputados locales Royfid Torres y Patricia Urriza, así como el ex candidato a jefe de Gobierno, Salomón Chertorivski,  Alejandro Barrales, secretaria general del partido a nivel local y Estefanía de Garay Caballero, secretaria de asuntos ambientales del partido a nivel nacional y el ex diputado federal, Braulio López Ochoa Mijares.

De acuerdo con Alejandro Piña, la Comisión estará orientada a configurar un nuevo contrato social con la naturaleza en la Ciudad de México. Por su parte, Salomón Chertorivski recordó que los gobiernos anteriores han sido un desastre para el medio ambiente, al haber sido omisos en atender la contaminación del aire provocada por la refinería de Tula. El ex secretario de Salud enfatizó que a la Ciudad de México le urge reabrir ríos y eliminar segundos pisos, y exhortó a “pensar diferente”.

Es importante mencionar que, bajo la coordinación del diputado Royfid Torres en el Congreso local, Movimiento Ciudadano ha impulsado diversas luchas ambientales en la capital. Entre ellas destacan el apoyo a los movimientos antitaurinos, respaldando la iniciativa ciudadana que derivó en la aprobación de la prohibición de la muerte del toro en eventos taurinos, así como la promoción de una reforma legal para implementar impuestos verdes a empresas contaminantes.

La Comisión será encabezada por Luis Manuel León Hernández, quien fue candidato a diputado local por la alcaldía Benito Juárez en 2024. En su intervención, señaló que será un espacio para promover una agenda ambiental plural y participativa. La doctora y médica Estefanía España Kanafany también reiteró la relación entre los problemas ambientales y de salud, los cuales —dijo— no pueden resolverse sin una perspectiva integral.

Desde su activismo político, Luis León —en conjunto con la diputada federal Laura Ballesteros, quien ha denunciado de forma decidida violaciones a los derechos humanos y ambientales en la ciudad y a nivel nacional— promovió un amparo para garantizar el acceso a la información sobre la calidad del agua, tras el vertimiento de sustancias contaminantes en el pozo Alfonso XIII, ubicado en Álvaro Obregón. Esto, debido a que el gobierno central reservó la información sobre las sustancias que afectaron a vecinos de la alcaldía Benito Juárez durante los hechos. Dicha información fue publicada un año después por el Gobierno de la Ciudad de México.

Además, ha sido un promotor de la necesidad de una Ley General de Aguas para el país, que priorice el acceso equitativo al recurso hídrico y revise las concesiones otorgadas a la industria. Según sus declaraciones, existen sectores que no hacen un uso justo del agua, pues han acumulado y contaminado este recurso vital de forma desproporcionada.

La lista de expertos que integrarán la Comisión es:

Rebeca María Nieto Cervantes, analista de datos y activista ambiental

Karina Estévez Rivera, secretaria técnica del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano del Congreso de la CDMX.

Carlos Alberto Valecillo Ochoa, historiador y fundador de Ciudad Bosque A.C.

Luis Ulloa García, especialista en participación ciudadana.

Hugo Alfredo Molina Obregón, biólogo e investigador de la UNAM.

Daniela López Negrete, gestora ambiental y de sostenibilidad.

Alonso Zepeda Celis, abogado litigante.

Diana Montserrat Vázquez Quiroz, fundadora de Recicla Tu Ciudad A.C.

MORENA quiere barrer la corrupción en Benito Juárez

Ciudad de México, 30 de septiembre de 

2024

*Concejales 'barren' corrupción en Benito Juárez en acto simbólico* 

En un evento cargado de simbolismo y compromiso cívico, el concejal saliente Enrique Tamayo y el concejal entrante Hugo Torres Zumaya protagonizaron hoy un acto de transición en la Alcaldía Benito Juárez ante un grupo de vecinos. 

El evento comenzó con un emotivo discurso de despedida de Tamayo, quien hizo un recuento crítico de los últimos tres años de administración en la alcaldía. Destacó la falta de sesiones del Concejo, la opacidad en la gestión, y los problemas relacionados con el cuidado del medio ambiente, particularmente del arbolado urbano. 

López-Tamayo no escatimó en críticas hacia la administración saliente, haciendo hincapié en el abandono del cargo por parte del ex alcalde Santiago Taboada para perseguir ambiciones políticas personales. También subrayó que los problemas de la alcaldía se remontan a 15 años de gobierno de un mismo grupo político, manchado por la corrupción inmobiliaria, mencionando los casos de Jorge Romero flamante candidato a presidir el CEN del PAN y Christian von Roehrich, hoy encerrado por acusaciones de corrupción. 

Acto seguido, el concejal entrante Hugo Torres Zumaya tomó la palabra, reafirmando su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana. Torres, conocido por liderar el movimiento vecinal por la revocación de mandato de Taboada, prometió dar continuidad a las iniciativas de cuidado ambiental y lucha contra la corrupción. 

Para cerrar el evento, ambos concejales realizaron un acto simbólico de "limpieza", barriendo juntos la entrada de la alcaldía. Este gesto representó la voluntad de limpiar la institución de las prácticas cuestionables del pasado.

López-Tamayo declaró: "Este acto simboliza el fin de un ciclo marcado por la opacidad y el inicio de uno nuevo que deseamos esté caracterizado por la transparencia y el verdadero servicio a la comunidad".

Por su parte, Torres añadió: "Aunque la nueva administración proviene del mismo grupo político, tiene la oportunidad de comenzar de cero y demostrar un compromiso real con los ciudadanos de Benito Juárez".

*Para más información*, contactar a:

_Enrique Tamayo: 5549071338_

_Hugo Torres Zumaya: 5583876039_