Arrebatar o reivindicar derechos: las candidaturas LGBT en la elección
federal de México del 2024
EDITORIAL
La diversidad sexual es un crisol de identidades de género no siempre
visibilizadas ni representadas en los espacios de poder. Ante ello, surge la
necesidad de establecer cuotas y acciones afirmativas en las instituciones
públicas a fin de otorgar espacios de representatividad y toma de decisiones a
miembros de colectivos o poblaciones que de otro modo serían asignados a los
grupos del poder hegemónico. La heteronorma y quienes la asumen no han sido
sensibles a las necesidades específicas de cada grupo vulnerable, por lo que la
representación con enfoque de género es una institución clave para la garantía de
los derechos conquistados.
Los partidos de centro y los más orientados a la izquierda del espectro político han
enarbolado, incluso con fines electorales, las agendas de los miembros de la
población LGBT+. Es así como hemos visto la aprobación, de manera escalonada
en México, del matrimonio entre personas del mismo sexo; y, más recientemente,
las modificaciones al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir las
terapias de conversión, bajo el lema “no hay nada que curar”.
No obstante, es necesario puntualizar que los derechos conquistados por las
poblaciones LGBT+ durante los últimos años deben garantizar su permanencia,
independientemente del grupo político que asuma el papel de gobernar; para ello,
los partidos políticos deben incluir en sus listas de representación, tanto de
mayoría relativa como de representación proporcional, a cuadros que faciliten un
diálogo bidireccional entre los colectivos y líderes de la población LGBT+, con la
instrucción de que sus demandas se conviertan en leyes que beneficien a todos
los miembros y los protejan contra la discriminación, promuevan la igualdad de
derechos y fomenten un entorno más inclusivo y respetuoso.
Sin embargo, más allá de la impronta política de la representación LGBT+, las
candidaturas a puestos de elección popular detentan aspectos clave que abarcan
desde la representación y la inclusión, hasta la promoción de políticas públicas
que aborden las necesidades específicas de las poblaciones. La diversidad en los
puestos de elección popular es esencial para la justicia social, ya que asegura que
todas las voces sean escuchadas y que los gobiernos sean más equitativos.
La presencia de personas LGBT+ en los ámbitos del poder contribuye a una
representación más precisa de la sociedad en las instituciones gubernamentales.
Esto ayuda a visibilizar y normalizar la diversidad sexual y de género, lo cual a
largo plazo coadyuva en el combate contra la discriminación y los prejuicios.
Asimismo, esta visión puede llevar diseño de políticas que aborden de manera
más efectiva temas como el acceso a servicios de salud adecuados, la educación
inclusiva, la protección contra la violencia y el reconocimiento de derechos civiles y
familiares.
Por otro lado, la representación LGBT+ en la política impulsa cambios culturales
que generan sociedades más inclusivas y respetuosas de la diversidad; al mismo
tiempo, se sensibiliza sobre las experiencias y desafíos que enfrenta la comunidad
en un entorno heteronormativo, contribuyendo a un mayor entendimiento y
aceptación social.
En México, durante la campaña electoral del 2024, de acuerdo con datos del
Instituto Nacional Electoral, hay al menos 73 integrantes de la población LGBT+
que fueron designados como candidatos por los partidos políticos para competir
por un escaño, ya sea en el Senado o la Cámara de Diputados. Esta cifra,
teniendo en cuenta la renovación de más de 20 mil 700 cargos de elección popular
a nivel nacional, resulta pírrica para los 5 millones de personas que, de acuerdo
con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG-INEGI
2021), se asumen con una orientación sexual o identidad de género LGBT+.
Ante una subrepresentación de las poblaciones LGBT+ en los puestos de elección
popular en México, hace falta incidir en los partidos políticos y transformar la
estructura de designación de sus candidatos. No obstante, dado que estas
instituciones no siempre escuchan a las voces disidentes, seguirán haciendo falta
los árbitros, también llamados órganos autónomos, que los vigilen y les
establezcan criterios.
Para quienes conforman parte de la población LGBT+ y no se ostentan una
candidatura o puesto de elección popular, nos queda agruparnos en torno a
objetivos comunes. Y lo seguiremos haciendo, pero desde el activismo que
franquea vallas y enarbola consigna; desde las universidades y sus aulas
constructoras de conocimiento nuevo y, finalmente, desde los espacios seguros de
reunión, que es donde a través del arte y el dialogo se esbozan, aunque de
manera prístina, escenarios de igualdad y respeto a la diversidad.
